El ex presidente de la República de Guatemala, general Otto Pérez Molina, renunció a su cargo con fecha 2 / 09 / 15, debido a acusaciones de corrupción y a la presión social y política ejercida sobre él, que llegó al grado del retiro de su fuero por el Congreso guatemalteco.

Pérez fue señalado de encabezar una compleja red de corrupción en el sistema de aduanas de Guatemala, red denominada La Línea, dedicada al contrabando. Por estos hechos, numerosos funcionarios del gobierno de Otto Pérez fueron procesados, entre ellos la vicepresidenta Roxana Baldetti y su secretario, el capitán en retiro Juan Carlos Monzón, así como el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, Omar Franco.

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A través de operativos y de la intervención de comunicaciones, se analizó la participación de los funcionarios a diversos niveles, así como de empresarios y delincuentes ajenos al aparato institucional. A partir del 17 de abril de 2015 se presentaron en las audiencias diversas grabaciones telefónicas entre los involucrados, en las que se hacía mención de “El Presidente” como líder y usufructuario de la cadena de ilícitos. A la larga se darían a conocer audios en los que el propio Pérez interactúa con los presuntos delincuentes.

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Todo este proceso fue impulsado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente creado en 2006 tras un acuerdo entre  el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras su dimisión, Pérez fue sustituido provisionalmente por Alejandro Maldonado Aguirre.

 

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